Despenalización del aborto

En Venezuela a mediados de los años 30, la situación política nacional da origen a la alianza antigomecista, la cual permitió a las mujeres con su activa participación y con una gran convicción de unidad, comenzar una lucha que vendría a garantizar muchos derechos de los cuales hoy gozamos las mujeres, como el derecho a la educación en todos sus niveles, y al sufragio.
En Venezuela a mediados de los años 30, la situación política nacional da origen a la alianza antigomecista, la cual permitió a las mujeres con su activa participación y con una gran convicción de unidad, comenzar una lucha que vendría a garantizar muchos derechos de los cuales hoy gozamos las mujeres, como el derecho a la educación en todos sus niveles, y al sufragio.

El Movimiento Feminista Internacional por su parte, ante el inminente peligro que asechaba a la humanidad en el marco de la II Guerra Mundial, asume el compromiso de luchar firmemente por la aniquilación del fascismo en todas las formas y también por la defensa de nuestros derechos económicos, políticos y sociales. Lucha que con el logro progresivo de algunas reivindicaciones (mejores condiciones de trabajo, protección de la maternidad, de la infancia, la presencia femenina en las luchas sindicales, etc.) ha ido abarcando otros horizontes.

Es sin embargo, en la Rusia posrevolucionaria de 1920 cuando se consagra un derecho, que hoy mantiene en la oscuridad a la mayoría de las mujeres de América Latina, el Derecho al Aborto, es en ese momento, cuando por primera vez en la historia las mujeres fuimos concebidas como sujetos socio – políticas accionadoras y transformadoras de la realidad, dueñas de nuestra sexualidad, ya que la esencia de ese reconocimiento era la libertad de la mujeres de decidir sobre la maternidad. Posteriormente se permitieron en Japón y en algunos países de la Europa del Este después de la II Guerra Mundial. A finales de la década de 1960 la despenalización del aborto se extendió a muchos países y es en el transcurso de los años 70 cuando los países occidentales desarrollados consagran también este derecho. Y es que, el avance radica en que ya el pretexto para practicarlo no buscaba “mantener el honor de la familia”, ni mucho menos “ocultar relaciones indebidas”, según lo considerara el Estado, el padre, el marido, o la Iglesia; sino que trascendía lo tradicional impuesto para dar paso a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Pero poco a poco se comenzó a restringir ese derecho nuevamente porque la Iglesia Católica comenzó, junto a los partidos políticos de derecha, los Estados, los parlamentos, y otras religiones, una arremetida propia de los sectores más reaccionarios contra ese legítimo derecho que tenemos las mujeres. Muchos han sido hasta ahora los argumentos que desde ese ámbito han bombardeado y penetrado la razón y los corazones de nuestros pueblos, que han sido manipulados bajo diversas explicaciones que maquillan muy bien la doble moral de estos sectores, los cuales predican un profano interés por los pobres, al mismo tiempo que mantienen sojuzgados y humillados a los sectores oprimidos y explotados. Muestra de ello, en el caso específico de la mujer, es la enorme influencia de los medios de Comunicación Masiva, instrumentos ideológicos del Capitalismo, que invisibilizan, minusvalizan, y reducen a la mujer a un objeto sexual, caso en el cual se mercantiliza nuestro cuerpo como cualquier otro producto pasando a ser propiedad privada de quien lo adquiera, y deciden sobre él, cómo utilizarlo y en qué momento, ante la reacción atónica de la Iglesia, el Estado, la Sociedad, e incluso las propias mujeres. En este caso no hay elementos morales ni penales que condenen ese hecho porque “la nueva arma de los Imperialistas es la Pornografía”, pero sí los hay al momento en el que las mujeres decidamos de manera autónoma sobre ese mismo cuerpo que la ideología burguesa y capitalista banaliza, y que incluso es asumido de esa manera, por parte de los mismos sectores revolucionarios, precisamente por el hecho de que “la revolución cultural se da infinitamente más difícil que la revolución política”, y en este sentido, los y las revolucionarias debemos hacer un esfuerzo por tratar de acelerar y elevar los niveles de consciencia revolucionaria de nuestro pueblo. Un Estado que pretende romper con el orden burgués imperante debe, necesariamente, romper con la “tutela” casi perpetua, que las clases dominantes han ejercido históricamente hacia las mujeres.

En este sentido, es necesario que desde las organizaciones e individualidades progresistas y revolucionarias se tome como propia la lucha de las mujeres por el Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y es que en el marco de la Revolución Bolivariana, se ha demostrado que las mujeres somos actoras políticas transformadoras de la realidad social, donde hemos venido creando y ejecutando políticas revolucionarias que fortalecen y potencian la organización del movimiento popular y con ello la revolución, contando con una constitución que representa para el Movimiento de Mujeres Venezolanas la materialización de toda una historia de perseverancia y consecuencia hoy validada y reconocida en materia de igualdad de oportunidades (aunque no plenamente), de paridad, de reconocimiento del trabajo doméstico como actividad económica productiva, reconocimiento en el lenguaje, una indiscutible y activa participación en la vida política, económica y social de nuestra patria, y una ley por el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, que pese a sus bondades, no toca todos los elementos opresivos de fondo que perpetúan las cadenas de opresión sobre la mujer; es necesario entonces ir ajustando a las condiciones y necesidades objetivas de la realidad social de nuestras mujeres, especialmente jóvenes, una legislación que garantice el goce y ejercicio pleno de los Derechos Humanos fundamentales, y apunte hacia el logro de nuevos objetivos, enmarcados en una serie de convenios y acuerdos internacionales a los cuales se les debe dar cumplimiento, porque la privación del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo cercena incluso, nuestro derecho a la vida, porque ambos están en juego y se ven afectados durante un embarazo.

Es por ello, que de la misma manera como se abrazan y fortalecen el capitalismo y el patriarcado como sistemas jerárquicos de opresión y explotación, de esa misma manera, debe unirse el complejo movimiento revolucionario que abarca a jóvenes y estudiantes, movimiento obrero y campesino, a profesionales y técnicos; esa expresión del Poder Popular Comunal, estudiantil, de los trabajadores, debe fundirse con el Movimiento de Mujeres porque nuestras luchas son esencialmente liberadoras, y porque no puede emprenderse la construcción de una Sociedad más justa, una Sociedad Socialista, donde se pretenda reproducir la dominación de un sector que representa la mitad de la Sociedad.

El ejercicio pleno de nuestra ciudadanía requiere como expresión de Libertad, en un Estado en transición hacia el Socialismo, que se reconozca el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo, y mucho más, si tomamos en cuenta que la conquista y reconquista de nuestro proceso revolucionario Bolivariano ha sido marcada de manera especial por la participación protagónica que hemos tenido las mujeres, a quienes la burguesía con su ideología y sus instituciones nos ha vejado y restringido nuestros derechos, colocándonos en una situación de vulnerabilidad alarmante si tomamos en cuenta cómo la aplicación de políticas neoliberales en nuestros pueblos ha feminizado la pobreza, y para combatir esa realidad es necesaria la promoción de valores como la solidaridad, pero además, el reajuste de nuestras leyes, para evitar obstáculos en el desarrollo pleno de las mujeres.

El Imperialismo y sus aliados son los principales interesados en continuar su hegemonía ideológica sobre los pueblos oprimidos, y en la medida de que nuestros gobiernos no lo reconozcan y lo combatan, ejercerán igualmente una coerción discriminatoria, porque se violenta precisamente el desarrollo integral de los sujetos sociales, entre ellos la mujer, que en este caso, se ve trastocado porque, limita la decisión de la mujer y consecuencialmente tiene efectos psicológicos y sociales, desembocando en muchos casos en la muerte.

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son un logro del movimiento de mujeres, que hacen más justa y democrática la vida social en la medida que amplían el concepto de igualdad y libertad de la esfera pública a la privada. Por otra parte, estos derechos no son un antojo que se ajuste a la medida de la moral de la burguesía, son parte de los Derechos Humanos y como tal deben ser reconocidos, porque penalizarlo constituye una violación de los mismos, que además acentúan la discriminación y la violencia contra la mujer, porque si somos vulnerables a embarazos no deseados, será mucho más difícil derribar las barreras económicas y sociales en el trabajo, en la educación, y en el hogar.; mientras que por el contrario, cuando se nos permita controlar nuestras funciones reproductivas, se hace mucho mas plena nuestra participación en todos los aspectos de la vida social.

La experiencia ha demostrado que las leyes restrictivas del aborto, no disminuyen sus prácticas, sino que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra salud psicológica. Es necesaria la aniquilación de un doble modelo, contradictorio en sí mismo, donde por un lado se penaliza el aborto y por el otro no se le da ningún tipo de freno a una problemática que es de toda la sociedad, y que requiere de una reeducación que abarque los aspectos de la sexualidad. Es por ello, que de la mano de la despenalización del aborto es necesario un viraje cualitativo en la Educación Sexual que desde temprana edad deben recibir nuestros y nuestras jóvenes, donde se asuma la naturalidad de la sexualidad y se desmitifiquen los prejuicios estereotipados de la misma, que tienen como consecuencia, entre otras cosas, el comienzo prematuro de una vida sexual activa. Y por otra parte, la masificación de métodos anticonceptivos para la prevención tanto de embarazos no deseados como de enfermedades de transmisión sexual. Se trata entonces de una trilogía necesaria que debe pasar por una adecuada salud sexual, con métodos anticonceptivos accesibles para las clases populares, que progresivamente disminuirá el número de abortos que se practiquen.

La clandestinidad y la ilegalidad no solo hacen que el aborto se convierta en un problema de salud pública, y por tanto sea responsabilidad del Estado, sino que además, afecta a todas las mujeres y de manera especial, a las mujeres de más pocos recursos poniendo en riesgo su salud física y psicológica, por no tener acceso a servicios seguros. Forzar a la mujer a tener hijos en contra de su voluntad es, indiscutiblemente, convertir en ficción nuestra dignidad y nuestra humanidad. En el caso de Venezuela el número de embarazos precoces es cada vez más alto y alarmante, y el riesgo de morir durante el parto de las jóvenes de edades entre 15 y 19 años es dos veces mayor que el de las mujeres de 20 a 30 años. Este riesgo es cinco veces mayor en las menores de 15 años. La Organización Mundial de la Salud señala que, para el año 1.998, en América Latina se practicaban 4.200.000 abortos inseguros y dos tercios de los abortos practicados al año corresponden a mujeres de 15 a 30 años. La región de América Latina y el Caribe figura entre las que presentan más restricciones legales al derecho de las mujeres a decidir por la interrupción voluntaria del embarazo, a excepción de Cuba, Puerto Rico, Guayana y recientemente México. En todos los países en que rigen estas restricciones, los abortos ilegales realizados en condiciones muy precarias representan un grave problema de salud de las mujeres, que por su magnitud se convierte en un problema de salud pública. Problema cuya solución enfrenta límites de orden moral y religiosa que inciden negativamente en la búsqueda de soluciones urgentes. En Venezuela es difícil medir la dimensión del número de abortos que se practican, por el hecho de ser una práctica clandestina, por lo que no existen registros oficiales, sin embargo, las prácticas de aborto se han convertido en un mercado negro que es amparado por el Estado, hasta tanto no se nos permita acceder a un sistema de salud que nos garantice prácticas legales, seguras y gratuitas.

No se trata solamente de modificar leyes, sino especialmente de que el Estado diseñe y ejecute políticas públicas donde se tomen en cuenta los aportes que las mujeres tenemos que hacer, esencialmente en las materias que nos competen, y en este caso específico, para que el aborto sea realizado en hospitales públicos como parte de las diversas prestaciones que deben asegurar el derecho a la salud integral de las mujeres. Además, la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo, pero sí exige del Estado garantizar las opciones, la orientación, el seguimiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que atraviesan estas situaciones. Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y en la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en la clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales. Por último, la ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. Mientras que las de los sectores mejor ubicados social y económicamente acuden en forma privada a profesionales idóneos, las pertenecientes a las franjas más pobres sólo tienen acceso a procedimientos caseros o de baja calidad, y por lo tanto, riesgosos para su salud y su vida, por lo que debe ser pues, parte de las políticas de inclusión que ha venido ejecutando la Revolución Bolivariana desde sus inicios.

Otro de los elementos que frecuentemente se tocan con más fuerza en el tema, es precisamente la situación del feto, y aunque la intención no es que se tome como argumento principal, ya que de lo que se trata es del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, hay que señalar sin intención de profundizar en este aspecto, que el embrión es una persona humana en potencia, pero como parte del reconocimiento del proceso evolutivo, es poco sólido el argumento de que la simple unión entre un óvulo y un espermatozoide ya es un ser humano, mientras que la mujer es una persona humana lograda, productiva y real. Se debe actuar por lo tanto, en beneficio de lo que ya es, vale decir, la vida de la mujer. Esto sería lo justo, lo moral y lo ético, preservar la vida y la salud mental de lo que existe y está definido y de quien dependen otras personas.

Las mujeres abrazamos la despenalización de las distintas razones por las que recurrimos a un aborto, las cuales pueden ser, protección de nuestras vidas, nuestra salud física, salud mental, violación, por defectos del feto, por factores socio-económicos, o a solicitud de la mujer. . Exigimos el respeto a la capacidad intelectual y ética de las mujeres de decidir autónomamente y de forma responsable, sobre nuestra sexualidad y reproducción. Exigimos el derecho a interrumpir una gestación no deseada sin ser penalizadas, apuntando una vez más, a la construcción de una contracultura que aniquile la lógica patriarcal en todas sus expresiones.

Nuestra Constitución en su artículo 76 deja abierta la posibilidad de despenalización del aborto, pudiendo en base al mismo, o a una nueva legislación, y sin vulnerar en manera alguna nuestros principios constitucionales, implantar cambios que redundaran en una mejor calidad de vida y en el pleno ejercicio de nuestra ciudadanía.

Finalmente es necesario introducir una propuesta que tome en cuenta al Movimiento Revolucionario de Mujeres donde se inicien profundas discusiones al respecto, que deben integrar a un equipo multidisciplinario de expertos y expertas, el Ministerio para Asuntos de la Mujer, el Ministerio de la Salud, y la Asamblea Nacional, sin que la representación del Estado aglutine las voces decisivas y se tome en cuenta las necesidades reales de nuestras mujeres. En este sentido debe aclararse que la institucionalidad de la Iglesia no tiene la potestad de interferir en nuestras vidas, por lo que debe rechazarse categóricamente su parcializada y farsante “posible” intervención en una discusión sobre la despenalización del aborto, pues la mejor expresión de la religión no colida con nuestros derechos y por ende debe ser expresada en el pueblo y por el pueblo.

No a la Clandestinidad:

Por nuestro Derecho a decidir:

Despenalización del Aborto!

rebecafrank@hotmail.com