ECONOMÍA
POLÍTICA
Andrés
Villadiego
El
2016 comenzó con el anuncio de los Consejos de Economía Productiva y los
denominados 15 Motores Productivos de Agenda Económica Bolivariana para la
superación de la crisis. Sin embargo, el año que acaba de terminar se
caracterizó por un desempeño desfavorable en el ámbito económico. A pesar de
que no se han publicado datos oficiales, organismos internacionales y
consultoras privadas han estimado una inflación que oscila entre 500% y 700%
anual, con una contracción del PIB que ronda el 10%, además de una persistente
escasez de productos básicos.
A
pesar de que el ejecutivo nacional no lo anunció, se aplicó un programa de
ajuste que pudiera caracterizarse de heterodoxo, centrándose en la disminución
de las importaciones, las cuales de acuerdo a algunas estimaciones se redujeron
en 75% en relación a años anteriores. Dicha reducción fue aplicada por la vía
de la entrega restringida de divisas a un orden de 700 millones de dólares al
mes, mientras que en los primeros años de la presente década, las divisas
asignadas se ubicaron alrededor de los 4 mil millones de dólares/mes.
Por
otra parte, la emisión de dinero con consecuencias inflacionarias fue el
mecanismo utilizado por el gobierno nacional para lograr aumentar la
recaudación nominal y cubrir parte del déficit fiscal. Según informó el SENIAT,
la recaudación alcanzó 277% de la meta estimada para el año, pero esto no se
debió por un aumento de la actividad económica ni por mayor eficiencia en la
recaudación, sino por el incremento general de precios que afectó al conjunto
de la economía. Como en años anteriores, el mayor peso de los impuestos no
petroleros recayeron sobre la clase trabajadora, ya que de los 3,3 billones de
bolívares recaudados, más de 1,9 (57%) correspondieron al IVA, mientras que
apenas el 22% fueron impuestos a las ganancias del capital (ISLR), tal como lo muestra
el gráfico anexo.
La
política salarial se caracterizó por un claro retroceso en las conquistas de la
clase trabajadora al implementarse la bonificación salarial. En la actualidad
2/3 del ingreso mínimo mensual de los trabajadores corresponden al bono de
alimentación en detrimento de los beneficios salariales y su incidencia sobre
las prestaciones sociales. A pesar de que el gobierno afirme que se incrementó
en 454% el ingreso mensual de los trabajadores, esto representa en términos
reales una caída en dicho ingreso, si una vez que se publiquen las cifras
oficiales de inflación, estas superan el 500% anual.
La
política cambiaria sigue siendo el punto neurálgico de la política económica,
aumentando la brecha entre el dólar oficial protegido (DIPRO) cuya tasa se
mantiene en 10 Bs./US$ y el SIMADI de 670 Bs./US$, con una aumento especulativo
del dólar paralelo hacia final de año. Si no se implementan de forma inmediata
medidas para frenar la escalada del paralelo, dicho marcador se impondrá como
referencia para el resto de las mercancías. Por ejemplo, en el último mes del
año se pudo apreciar como algunos productos básicos tuvieron un alza de precios
cercanas al 100%, lo cual es indicativo de una hiperinflación que comienza a
manifestarse en algunos rubros, lo cual se facilita con la abierta
liberalización de precios que se produjo en el segundo semestre de 2016.
El
2017 comienza con el anuncio oficial de colocación de bonos de la deuda por el
orden de los 5 mil millones de dólares a un plazo de 20 años. Esto implica
mayor endeudamiento sin que el gobierno aclare si su finalidad es para cubrir
pagos de deudas anteriores, utilizarlo en el gasto público o para realizar
colocaciones por medio de la banca pública como alternativa para la asignación
de divisas. El cambio de gabinete ministerial puede significar una rediseño de
la política económica, pero mientras ello ocurre, la crisis capitalista parece
agravarse, aumentando el descontento entre la clase trabajadora.
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